FINALMENTE LA JUSTICIA OBLIGA A LA AUTORIDAD COMUNAL A CUMPLIR CON LOS DERECHOS DE LOS TRABAJADORES

En Julio del año pasado, el Alcalde Gálvez, informó al Concejo Municipal que a raíz de las denuncias y reclamos generados en la comunidad por un llamado a concurso para llenar cargos de la Dotación permanente del área de la salud municipalizada y que, en opinión de algunos, habría estado viciado, no tomaría acción alguna esperando que la Contraloría se pronunciase frente a la respectiva demanda de los trabajadores de plazo fijo que habían perdido su trabajo. Pues bien, dicha entidad fiscalizadora dictó su Resolución en febrero pasado, declarando irregular el referido proceso en casos concretos, dando razón al reclamo de los trabajadores.

Como es y ha sido la actitud de nuestra autoridad comunal, no cumplió e inicio gestiones dilatorias que siempre, buscan imponer su voluntad. Están los casos del Director del área de la Salud, que lo volvió a nombrar usando otro cargo para la misma función, el caso del Director de la Educación que no ha sido llenado el cargo mediante concurso, sino que se ha mantenido en calidad de subrogante a la persona de su confianza, el irregular llamado a concurso de Director de Control, que debió anularse y no obstante el largo tiempo pasado, y establecido en la ley, no se ha llenado aún, manteniéndose al subrogante, etc.
También, tiempo atrás, pasó una situación similar con el anterior Director de Salud, en que finalmente le dio la Contraloría razón al funcionario, debiendo pagar la Municipalidad todas las remuneraciones por el largo tiempo en que la autoridad lo alejó del cargo.

Pero, Algarrobo está empezando a dar pasos para revertir estas situaciones, y un primer triunfo, ha sido el fallo del Juez Titular del Juzgado de Letras de Casa Blanca, que con fecha 1° de junio recién pasado, declaró “Ilegal” el despido y ordenó al Alcalde Gálvez  a reincorporar a la funcionaria  Gregoria Fuentes Almonacid a sus labores a contar de este lunes 6 de junio. Para certeza de su cumplimiento determinó  que dicha diligencia sea efectuada con la presencia de un funcionario de la Inspección del Trabajo, designado por esa magistratura. Adicionalmente, dispuso la regularización del pago de las remuneraciones devengadas durante el período de su separación ilegal.

Este mismo lunes, otra funcionaria en igual situación ha hecho la denuncia al tribunal. No podemos dejar de mencionar que en nuestra Comuna, siendo la Municipalidad el mayor empleador directo e indirecto, tiene un poder casi omnipotente sobre sobre gran parte de la población, con lo cual, el miedo a las represalias sobre familiares, es el método efectivo con que se acallan las posibles denuncias. Sorprende que los representantes de la comunidad, que son los concejales, también encargados de la fiscalización de las acciones de la autoridad edilicia, mantengan una constante  actitud de silencio y/o “dejar hacer”. Algunos, la califican de complicidad.

Curiosamente ese día lunes, el Alcalde y el Directo Técnico de Salud no habrían estado "ubicables" en la Ilustre Municipalidad, sabiendo de esta importante notificación.

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