Algarrobo quedó
fuera. Solo ochos comunas de la región fueron favorecidas con más de $ 4.800
millones para ejecutar proyectos locales con fondos del Gobierno. Alcaldes de la Región de Valparaíso consideran "un error" la medida tomada
Diario El Mercurio de Valparaíso. Reporte de Alexis Paredes
R.
Recuperación de espacios
públicos, instalación de luminarias, alarmas comunitarias y cámaras de
televigilancia fueron algunos de los proyectos ejecutados por ocho municipios
(capitales provinciales) de la región favorecidos por el Plan Comunal de
Seguridad Pública, que en el periodo 2015-2017 entregó más de $ 4.800 millones
a través de la Subsecretaría de Prevención del Delito.
Junto con el cambio de
gobierno, la administración anterior puso fin a la iniciativa y no incluyó
nuevas partidas en el presupuesto 2018, afectando a 72 comunas favorecidas a
nivel nacional.
Dicha medida fue calificada como "un error" por los alcaldes de la región, que abogan por generar nuevas vías de financiamiento por parte del actual gobierno para una materia tan sensible como la seguridad pública.
Dicha medida fue calificada como "un error" por los alcaldes de la región, que abogan por generar nuevas vías de financiamiento por parte del actual gobierno para una materia tan sensible como la seguridad pública.
El presidente de la Asociación
Regional de Municipios y alcalde de Limache, Daniel Morales, sostuvo que en la
discusión de la Ley de Presupuesto "todos los municipios del país hicimos
presente que se estaba cometiendo un error al momento de eliminar los recursos
para poder financiar estos planes de seguridad". Añade que, inicialmente,
el programa contemplaba "la intervención de estas ocho comunas que son
capitales provinciales, pero también buscaba la ampliación a comunas medias y
pequeñas, que quedaron fuera de todo aporte directo por parte de la
subsecretaría, para poder ejecutar sus planes comunales de seguridad
pública".
Morales recalca que este año
entró en vigencia una nueva ley que obligó a los municipios constituir
"los Consejos Comunales de Seguridad, y en cada consejo se diseña un Plan
Comunal de Seguridad Pública, que si no tienen aporte directo del Estado va a
ser muy difícil que esos planes se transformen en políticas reales y se
implementen adecuadamente. Van a ser finalmente letra muerta, y eso sólo es
dejar más espacio para no hacer un trabajo en prevención y no sólo un trabajo
de reacción coercitivo ante el tema de la delincuencia, que es
fundamental".
Morales apunta a "una
reevaluación de la forma en que se entregan estos recursos, con una equidad
territorial y financiera hacia las distintas comunas".
El alcalde de Quilpué,
Mauricio Viñambres, una de las comunas favorecidas con casi $ 600 millones, destaca
los beneficios del ahora extinto programa, una de las pocas "bien
evaluadas" por la Subsecretaría y que derivó en su cierre.
"Creamos comités de
seguridad ciudadana en la ciudad, los vecinos se vieron beneficiados con más de
6 mil alarmas comunitarias en distintos barrios, pusimos alumbrado público en
pasarelas y otros sectores y $90 millones para mejorar las cámaras de
televigilancia en el centro de Quilpué y Belloto", resalta la autoridad
sobre los beneficios obtenidos.
Por tal motivo, Viñambres considera
que "eliminar el programa es un error muy grande, los municipios deben
tener la posibilidad de ser evaluados y en base a eso entregar los recursos.
Los municipios que hemos hechos una buena gestión con los ciudadanos nos vemos
desfavorecidos".
La autoridad coincide en que,
producto de la modificación a la Ley Orgánica de Municipalidades, que obliga a
crear los Consejos Comunales de Seguridad Ciudadana, "no puede ser que el
municipio quede al amparo de sus propios recursos, tomando en cuenta las dificultades
que tiene para financiar sus necesidades. Nuevamente se hacen leyes y dan
obligaciones a los municipios y, finalmente, no están proporcionados los
recursos como corresponde". Viñambres califica de
"irresponsables" al anterior gobierno y los parlamentarios, al
"presentar y aprobar un proyecto que modifica la ley orgánica, creando
estos consejos de seguridad ciudadana sin financiamiento. Eso es una
irresponsabilidad".
Para el alcalde de San
Antonio, Omar Vera, municipio que recibió $ 714 millones, las intervenciones
físico-territorial, sociales y tecnológica que hubo en dicha ciudad fueron de
gran relevancia para "mejorar la sensación de seguridad en nuestra
comunidad, en ese ámbito fue muy positivo el convenio suscrito con la
subsecretaría".
Vera apunta a la necesidad de
"abrir otras alternativas de financiamiento para continuar con estos
procesos de intervención en la comunidad y fortalecer la acción del municipio
en los territorios afectados por microtráfico o hechos delictuales tras un diagnóstico
y trabajo con las comunidades. Proyectos aislados en el tiempo no
contribuyen".
El alcalde de Villa Alemana,
José Sabat, afirma que aún no recibe la totalidad de los más de $720 millones
que se ganó la comuna para ejecutar estos planes. "Acá hay una gran
cantidad de proyectos que son los que la gente quiere, un trabajo hecho con la
comunidad donde la prioridad es la seguridad". Lamentó que en esta última
etapa del plan, "habíamos conseguido que participe una gran cantidad de
sectores vulnerables a la delincuencia, no podemos quedar mal ante ellos,
esperamos otras opciones de financiamiento".
En Valparaíso, la encargada
del Departamento de Seguridad Ciudadana, Alejandra Romero, criticó que, tras el
fin del plan del gobierno, "no se nos entregó financiamiento para la
continuidad de muchos proyectos". Se ejecutaron proyectos para recuperar
espacios como la Pérgola de las Flores, Aníbal Pinto y Subida Cumming.
Declaraciones
"Esperaría se asignen
fondos fijos que permitan programar un trabajo serio y no dejarlo a la contingencia
de un concurso o proyecto" -Daniel
Morales, Alcalde de Limache"
"Fue un error muy grande
terminar el programa, los municipios deben de ser evaluados y en base a eso
entregar los recursos" -Mauricio Viñambres, Alcalde de Quilpué"
"Esperamos que el
gobierno abra otras alternativas, ya sea el FNDR, PMU u otras líneas que
permitan continuar con estos procesos"
-Omar Vera, Alcalde de San Antonio"
"El gobierno de Bachelet
fracasó en materia de seguridad y este programa es un reflejo del profundo
error que fue discriminar comunas" -María josé hoffmann, diputada UDI,
ante el fin del Plan Comunal de Seguridad Pública
Fuente: Diario El Mercurio de Valparaíso. Edición 18 abril 2018 Página # 4
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