Samuel Núñez El
jefe del Ministerio Público aclaró cómo actuó el fiscal Álvaro Mansilla cuando
le correspondió presentarse en la audiencia de detención de dos sujetos que
portaban un arsenal de armas y que fue declarada ilegal por el juez de
Garantía.
Noticia de “El
Líder” de San Antonio, reportada por Rodrigo Ogalde
En septiembre de 2016 el
fiscal regional de Valparaíso, Pablo Gómez, realizó un cambio sorpresivo en la
Fiscalía de San Antonio. Tras dos años como jefe del Ministerio Público, el
fiscal José Miguel Subiabre fue cesado en ese cargo y en su reemplazo llegó
Samuel Núñez.
A 20 meses de haber asumido
como fiscal jefe, Núñez accedió a responder las preguntas de Diario El Líder y
lo hizo en una semana en que se generó polémica nacional por la decisión del
juez Juan Pablo Flores de declarar ilegal la detención de dos sujetos que
fueron detenidos, el lunes en Las Cruces, con abundante armamento robado.
Núñez se hace cargo de las
expresiones vertidas por el Consejero Regional UDI Mauricio Araneda por Twitter, quien
criticó el actuar del fiscal que se presentó en la audiencia en que Flores
declaró ilegal el arresto de esas dos personas. Aquel abogado es Álvaro
Mansilla, coincidentemente el mismo fiscal que formalizó al Consejero Regional por
maltrato de obra a carabineros y por conducción bajo la influencia del alcohol
tras un hecho ocurrido en 2017.
Críticas similares hicieron
otras personas como el Consejero Regional DC por San Antonio, Roy Crichton , quien,
también en Twitter, sostuvo que "los atrapan con ametralladoras , armas y
municiones, dinero efectivo, antecedentes criminales por narcotráfico, y por
tecnicismos jurídicos quedan en libertad . Fiscalía y justicia al debe en San
Antonio".
Detenidos, liberados |
-¿Qué puede decir respecto a los
dichos del core Mauricio Araneda? que sostuvo en Twitter que "el fiscal
ante los hechos a la vista más parece un defensor de los delincuentes y no un
garante del Estado para defender a los ciudadanos de delincuentes y
traficantes. Además insistió en que "el fiscal no hace la pega"...
-Siendo respetuoso de las
opiniones que autoridades políticas puedan tener de la actuación de los
fiscales, creo que yerra absolutamente. La actividad del fiscal en la audiencia
de control de detención es exponer lealmente, desde el punto de vista procesal,
ante el juez y los intervinientes, los antecedentes de la detención y sostener
la legalidad de la misma, en caso de que así corresponda. Y este fue el caso.
El fiscal de la audiencia sostuvo con argumentos y cita de las normas
respectivas la legalidad de la actuación policial, pero el juez de garantía no
estuvo de acuerdo y procedió conforme a sus propias facultades legales a
decretar ilegal la detención. Por tanto, reprochar al fiscal por el resultado
de la audiencia, siendo que quien decide en definitiva es el juez, y quien
practica la detención es la policía autónomamente, parece completamente
desproporcionado y desconectado de la realidad fáctica y procesal.
-¿Por qué cree que Mauricio
Araneda afirma esto?
-Yo no dudo de la buena fe de
las autoridades políticas. Puede deberse a desconocimiento, simplemente.
-Sobre la decisión del juez Juan
Pablo Flores de declarar ilegal la detención de los dos hombres que fueron
arrestados con armamento en Las Cruces. ¿Por qué suceden estas situaciones que
generan controversia en la opinión pública?
-La detención es una medida
compulsiva que siempre requiere examen judicial, porque afecta derechos
fundamentales, cualquiera sea el delito, su importancia, gravedad, o la cantidad
de imputados. El llamado a hacer ese examen es el juez de Garantía, con los
insumos que le entregan los intervinientes. Afirmamos en esa audiencia la
legalidad de la actuación policial, y la seguiremos sosteniendo en los recursos
y etapas procesales que vengan. Lo que ocurrió fue que el magistrado consideró
una vulneración a derechos esenciales el control de identidad y consecuente
registro realizado al vehículo por la policía, lo que significó que declarase
ilegal la detención y -según un criterio jurídico particular del juez Flores-
dejase en libertad a los imputados, sin permitir a la Fiscalía formalizar la
investigación. Lo que ocurrió es simplemente eso: el ejercicio legítimo de sus
facultades por un juez de la República, criterio que no compartimos, por lo
cual ya presentamos apelación.
Gestión -¿Qué balance puede hacer
de su gestión como fiscal jefe?
-Hemos observado un aumento de
los juicios orales y de las condenas, y estimamos que esto es el resultado de
una mayor intensificación de la persecución penal, que ha estado vinculada a un
aspecto estratégico: un nuevo sistema de trabajo y relacionamiento con las
víctimas. Como fiscalía local, contamos con dos profesionales que están
específicamente enfocados en la preparación de las víctimas con miras al juicio
oral, lo que nos ha permitido mejorar cuantitativa y cualitativamente nuestro
estándar de prueba, con efectos en materia de resultados punitivos. Por otro
lado, estamos trabajando intensamente con el nuevo Centro de Contacto de
Víctimas de la Fiscalía Regional de Valparaíso, que durante las primeras horas
después de cometido el delito toma contacto con los afectados para atender sus
necesidades proteccionales y para rescatar información que no hemos recibido
por los canales tradicionales y que nos devuelven para potenciar la labor
investigativa. Esto y otros procesos nos comprometen con un trabajo y
resultados orientados al mejoramiento continuo de la investigación y
persecución penal.
-¿Qué condenas son destacables en
la gestión de la Fiscalía en el último año?
-Hay varias por delitos
sexuales, drogas, homicidio… pero más que destacar condenas, que para nosotros
son todas destacables, independientemente de su gravedad o de la pena obtenida,
porque tras cada caso hay víctimas que tienen igualitariamente nuestra atención
y disposición, es la gestión en la que estamos empeñados y trabajando como
equipo de fiscales y funcionarios lo que consideramos que está dando buenos
resultados y queremos destacar.
-¿Qué interacción se ha logrado
tener con las policías de la zona?
-Tenemos un contacto
permanente y estrecho con ellas, y precisamente el trabajo con las policías
tiene que ver con la gestión que estamos desarrollando. Tenemos estrecha
coordinación con la PDI en materia de robos, así como con el OS-7 de
Carabineros en materia de drogas.
-La gobernadora provincial de San
Antonio, Gabriela Alcalde, ha cuestionado la ausencia de la Fiscalía en las
reuniones del Comité de Seguridad. ¿Ha asistido a todas estas citas?
-Como lo informamos en su
momento, no fue posible satisfacer una invitación efectuada por la gobernadora,
realizada a las seis de la tarde del día anterior a una reunión programada a
las 9 de la mañana. No podemos disponer del trabajo ya programado e
impostergable de los fiscales en audiencias con esa poca anticipación. Después
de eso, con el aviso y la coordinación debida, hemos podido organizarnos y
estamos asistiendo, así como nuestros fiscales y abogados están organizados
para asistir a las reuniones en los municipios, porque la Fiscalía es parte de
la sociedad y nos interesa recibir aportes y aportar para lograr un mejor
trabajo y contribuir a la comunidad con nuestra información y experiencia.
Personalmente, además, me he reunido con alcaldes y con encargados de seguridad
ciudadana, y esperamos seguir haciéndolo.
Investigación de robos -¿Tiene en
la Fiscalía la cantidad de fiscales que requiere para cumplir con todos los
requerimientos de esta zona?
-Siempre las necesidades son
superiores a los recursos que una organización tiene, pero tratamos de satisfacerlas
con los profesionales y materiales con los que contamos. En esa lógica,
conscientes de la importancia que tienen los robos para nuestra comunidad,
desde febrero de este año aumentamos a dos los fiscales dedicados únicamente a
la pesquisa de esos delitos, y contamos con una fiscal que está haciendo
también una intensa labor respecto del delito que más se denuncia en la
provincia, violencia intrafamiliar, mediante la revisión pormenorizada de cada
caso y el requerimiento de información adicional o complementaria, en breve
tiempo, a la policía.
-¿Qué desafíos se presentan para
la Fiscalía con el incremento de algunos delitos violentos en comunas como El
Quisco, donde han ocurrido dos asesinatos en los últimos meses?
-Ese ha sido un fenómeno que
en las últimas semanas se ha producido y que ha causado evidentemente
preocupación en la comunidad y en todos nosotros. Al respecto puedo decir que
la labor de la Brigada de Homicidios, junto con la de los fiscales de turno y
especializados ha tenido notables éxitos en algunos de esos casos, y los demás
están bien encaminados. También la alcaldesa de El Quisco, Natalia Carrasco,
nos ha expresado su preocupación en las reuniones que hemos sostenido, y
estamos en contacto directo con ella en estos temas.
-¿Por qué cree que la gente,
muchas veces, culpa a los fiscales por los dictámenes de la justicia?
-No creemos que la gente culpe
a los fiscales por los dictámenes de los tribunales de justicia. El sistema de
justicia penal es complejo, con varios actores, en que las labores de
investigación y acusación, por un lado, y juzgamiento, por otro, están
separadas, y tengo la impresión que falta más conocimiento de las labores que
desarrolla cada uno de los actores del proceso penal, de los estándares que se
exigen a las investigaciones, del respeto de los derechos fundamentales de las
personas en la investigación, de la exigencia de que una condena siempre debe
ser sustentada por una investigación y proceso legítimos. Ahí hay una tarea
pedagógica de largo aliento, que cabe a todos los intervinientes del sistema.
-¿En qué debe mejorar la gestión
de la Fiscalía?
-En aspectos administrativos y
procesos de trabajo interno para hacer más rápida y ágil la toma de decisiones
en las investigaciones, y estamos trabajando para conseguirlo.
Violencia Intrafamiliar
Samuel Núñez enfatizó que
"la provincia de San Antonio constituye un territorio complejo, con
realidades delictuales muy diversas, que van desde los delitos aduaneros hasta
los crímenes violentos, pasando por el fenómeno del tráfico y micro tráfico de
drogas. Actualmente su ingreso principal lo constituyen los delitos de
violencia intrafamiliar, seguido por robos y hurtos".
RELACIÓN CON LA COMUNIDAD
Respecto al grado de
acercamiento que tienen los fiscales de San Antonio con la comunidad local,
Samuel Núñez sostuvo que "quisiéramos que ese acercamiento fuera mayor,
pero debemos estar en audiencias o trabajar en las labores administrativas que
demanda nuestro trabajo. Afortunadamente, a través de los medios de
comunicación, tenemos la oportunidad de lograr ese acercamiento y tratar de
explicar cuestiones sobre el proceso penal que el público desconoce o confunde.
Queremos que la comunidad valore a la Fiscalía por el rol que cumple y por la
legalidad y objetividad a la que nos ceñimos, porque ambos principios son muy
valiosos para la sociedad y para todos sus integrantes, y jamás los cambiaremos
por criterios que pueden contribuir a una mayor popularidad pero que no van en
la línea de un estado democrático de derecho".
Fuente: Diario El Líder de San Antonio. Edición 03 Junio 2018. Páginas 8 y 9
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Esta entrevista ¿Le da alguna confianza en seguridad?¿Le da alguna mejoría a la sensación de Justicia que pudiéramos tener?¿No le da la sensación que la culpa la tuvo Carabineros, según esto?.¿No le da la sensación que tratan de salvar en vez de reconocer errores para mejorar?Yo creo que el Diario El Lider debiera hacer una encuesta a través de su medio, sobre: ¿Existe sensación de justicia y seguridad en la Provincia? Como un indicador.
ResponderEliminarAlvaro Mansilla, el mismo fiscal que no quizo procesar a la Cofradía por la matanza de pinguinos en Algarrobo y los salvó con una suspensión condicional del procedimiento. Meses antes había declarado en prensa que tenía todos los antecedentes para procesar a los imputados y que PDI Bidema había hecho un trabajo de joyería. Luego dio un vuelco total y propuso al juez no formalizar a los imputados.
ResponderEliminarParece que a este Fiscal le gustara no ejercer la justicia cuando corresponde y también dejar libre e impune a los delincuentes.
Se defienden como gatos de espalda. Todo este revuelo es muy malo para el negocio, se pone mas difícil para fiscales y jueces corruptos asegurar impunidad a los delincuentes.
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