Magistrado Juan
Pablo Flores indicó que los carabineros "se excedieron" al registrar
el vehículo donde se halló el armamento, actuando fuera del marco legal.
Ministerio Público sigue adelante con la investigación.
Noticia
diario El Líder de San Antonio. Pag. 11. 02 Junio 2018.
Reporteado por Mónica Jorquera Escobar
Reporteado por Mónica Jorquera Escobar
Con
reportajes en distintos matinales de canales de televisión, en los noticieros
locales y nacionales y con "expertos" en legislación entregando su
parecer en la pantalla chica ha transcurrido la semana tras la determinación de
un juez de San Antonio que dejó en libertad a unos sujetos que fueron
sorprendidos portando un arsenal de armas dentro de un vehículo.
El martes
recién pasado el magistrado Juan Pablo Flores estimó que la detención de dos
hombres de 56 y 26 años por parte de Carabineros de Las Cruces no se ajustaba a
las normas del derecho y, por ello, decretó que la aprehensión de ambos era
ilegal, ordenando su inmediata liberación.
La ola de
críticas al juez Flores cundió dado que Carabineros había detenido a los
individuos luego de que encontraran en el vehículo en que marchaban tres armas
de fuego, cerca de 300 balas, tres cargadores calibre 9 milímetros, un moderno
kit de conversión de pistola a carabina tipo Roni, nunca legalmente inscrita, y
$4.152.000 en dinero efectivo.
El
otorgamiento de la libertad parece incomprensible para muchos y por ello el
mismo magistrado entregó una declaración pública detallando por qué determinó
que era ilegal la detención de los dos sujetos.
El juez Juan
Pablo Flores explicó que, según le informó el fiscal Álvaro Mansilla en la
audiencia de control de detención, basándose en el parte policial emanado del
Retén de Las Cruces, los imputados fueron aprehendidos luego de un control
carretero.
"El
vehículo se detuvo (para ser controlado), no hubo antecedentes de intento de
huida. La policía se percata que tenía todos los vidrios polarizados. Se le
piden documentos al conductor, según informa (en audiencia) el fiscal en base
al parte policial, la documentación no tenía ningún problema. Se le pidieron
documentos al copiloto, tampoco tenía algún problema", especificó Flores
de acuerdo a lo que le relataron en la audiencia.
Aportó que el
fiscal le comunicó que "terminado el control vehicular, la policía hace
que los imputados bajen del vehículo y los obliga a abrir la caja-maleta
(portamaletas) del vehículo y además de eso (…) le pregunto al fiscal si había
otros antecedentes que percibieran en ese momento (los carabineros) y el fiscal
dijo que ninguno".
Además, para
argumentar su determinación, el juez detalló que se le comunicó en el control
de detención que "luego de abrir la caja de la maleta, la policía, según
informa el fiscal con base en el parte policial, ve una maleta dentro de la
caja-maleta y le pide a los imputados que la abran. Ante la orden policial, la
abren. La policía procede a registrarla y en ella encuentran armas, dinero y
otras especies y eso motivó la detención".
Defensa
En la misma
audiencia los abogados defensores públicos, Salvador Wasserman y Sergio Rojas,
alegaron al magistrado que los carabineros se habían excedido en su proceder,
puesto que el control vehicular no los faculta para registrar el vehículo,
menos aún un maletín que estaba dentro del portamaletas.
"El
registro de la caja-maleta y la apertura y registro de la maleta no están
amparados en la Ley de Tránsito y no había ningún antecedente para un control
aleatorio (de identidad). El tribunal acogió esa tesis (de la defensa),
entendiendo que la policía no tenía indicios para un control de identidad
aleatorio y preventivo, y que éste solo permite pedir documentación, pero no
registro. Las facultades de la Ley de Tránsito tampoco permiten el registro".
Agregó que
"por eso se acogió (lo expuesto por la defensa) y se declara ilegal la
detención por haber un exceso en el actuar policial, todo según lo que
expresamente señala el fiscal en audiencia frente a preguntas del magistrado
(suyas) y según antecedentes del parte policial".
Dicho de
manera sencilla, los carabineros no pueden registrar un vehículo en medio de un
control cuando no exista algún indicio de que se está cometiendo un delito, lo
cual habrían ignorado los uniformados al realizar el procedimiento.
Fiscal de la
audiencia
Para aclarar
más lo ocurrido en el Juzgado de Garantía de San Antonio, el fiscal Álvaro
Mansilla explicó que el control de la legalidad de la detención es una
actuación procesal en que el Ministerio Público debe entregar todos los
antecedentes del procedimiento policial llevado a cabo.
"Dicha
labor, el control de detención, debe ser realizada con objetividad, probidad y
la buena fe que una actuación de esta importancia requiere", expresó
Mansilla.
El abogado
persecutor afirmó que "si bien no es un procedimiento que haya tomado yo
(al momento de la detención se encontraba de turno el fiscal Rolando Ramírez),
me correspondió tomar la audiencia de control de la legalidad de la detención,
donde di lectura íntegra, completa, veraz y responsable de todos los
antecedentes que el parte policial señala y realicé todas la acciones que
razonablemente se podían llevar a cabo".
Respecto a lo
manifestado por el juez Flores, que expresa que le realizó preguntas
pertinentes en la audiencia para tomar una decisión, dijo que "contesté en
base a los hechos que refería expresa y literalmente el parte policial, de los
que en caso alguno me puedo apartar, ya que de lo contrario, sería ir contra
los valores y principios de la institución (Ministerio Público)".
Aún no
termina
Los detenidos
el pasado lunes fueron dejados en libertad al día siguiente. Sin embargo, la
fiscalía sigue adelante con la investigación en contra de ambos sujetos por los
delitos de porte de armas ilegales e incluso un posible ilícito de tráfico de
armamento.
Por ello es
que los dos serán formalizados el 19 de junio a las 9 horas, fecha en que la
fiscalía espera contar con una mayor cantidad de antecedentes que logren
esclarecer los hechos. Además, el Ministerio Público presentó un recurso de
nulidad frente a la ilegalidad de la detención que decretó el juez Juan Pablo
Flores.
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¿Y que paso con las Armas, el dinero, el auto? ¿Se los devolvieron? Capaz. Con razón estamos invadidos de delincuencia y corrupción.Con este hecho se demuestra en la realidad el chiste del Bombo Fica, "Perdón Sr. Ladrón, disculpe las molestias".Esto es degradante, parece justicia "estúpida" llena de huecos en contra de la sociedad.
ResponderEliminarJa ja jaaa... explicando lo inexplicable. Lo que realmente debe declarar es cuanto dinero recibió de los traficantes de armas.
ResponderEliminarLos jueces, son los llamados a hacer cumplir la ley, para proteger a los ciudadanos, que ocurre en nuestro pais, los que no dan cumplimiento a la ley, son liberados. por lo tanto que sentido tiene cumplir la ley, si no se aplica. todo nuestro sistema entra en conflicto, que pasa con el estado de derecho, como le pedimos a los contribuyentes que pagen sus impuestos, para tener derecho a la justicia
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