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Señor Director,
Los medios de comunicación nacional hoy traen en detalle
fallo de la Corte Suprema que
acogió tres recursos de protección por considerar
"ilegal" que no se haya tomado en cuenta denuncia de vecinos en
proyecto inmobiliario de Papudo, lo cual nos hace preguntarnos y ¿por qué no en
Algarrobo con los megaproyectos Arena Maris y otros hacia el sector de El Yeco?
Transcribo el artículo de Cinthya Carvajal, del cuerpo C de El Mercurio.
Maria Isabel Baeza Nogues
Presidente JJ. VV. Balneario Algarrobo Norte
Los magistrados señalan que "los
proyectos o actividades susceptibles de causar impacto ambiental no son
únicamente aquellos enumerados" en la normativa medioambiental. En este
caso, estiman que los recurrentes tienen derecho a vivir en un medio ambiente
libre de contaminación.
Los recursos fueron
presentados por vecinos de Punta Puyai quienes denuncian daño ambiental por los
riesgos para el ecosistema que se siguen de la ejecución de las obras porque
que esta ocupará los faldeos y la loma del cerro Lilén, destruyendo la flora
nativa existente en el lugar, y que contempla el levantamiento de taludes que
arriesgan derrumbarse sobre las casas en caso de lluvias u otros fenómenos naturales.
Otro de los reclamos es la demolición de parte del cerro.
El máximo tribunal estimó que
"se hace necesario consignar que los proyectos o actividades susceptibles
de causar impacto ambiental no son únicamente aquellos enumerados en el
artículo 10 de la Ley N°19.300 y en el artículo 3° del Reglamento del Sistema
de Evaluación de Impacto Ambiental", señalaron los magistrados.
Argumentos
La decisión fue adoptada en
fallos unánimes por la Tercera Sala, integrada por los ministros Sergio Muñoz
(presidente), María Eugenia Sandoval, Arturo Prado y los abogados integrantes,
Álvaro Quintanilla y Pedro Pierry, quienes revocaron las resoluciones de la
Corte de Apelaciones de Valparaíso. La Suprema acogió los recursos y ordenó que
las denuncias presentadas ante la Municipalidad de Papudo por los vecinos de
Punta Puyai, Victoria Herrera Báez, Matilde Marambio Reyes y Armando Arias
Murúa, deberán ingresar al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental en
consulta de pertinencia.
Los magistrados argumentan que
"resulta inconcuso" que aunque el titular del proyecto haya estimado
que no debía someterlo al sistema de evaluación ambiental por no reunirse, en
su concepto, las características definidas en el artículo 10 de la Ley
N°19.300, este debió "haber ingresado por la vía de la denuncia realizada
por los ciudadanos ante el municipio, a la que no se le dio la tramitación
prevista por la ley, de modo que la actuación de la Dirección de Obras
Municipales de Papudo no puede sino que calificarse de ilegal, resultando lesiva
para el derecho de la parte recurrente a vivir en un medio ambiente libre de
contaminación, consagrado en el artículo 19 N°8 de la Carta Fundamental".
Agregan que era necesario que
la referida denuncia recibiera la tramitación que la ley ordena, dado que los
hechos narrados indican que "puede existir un riesgo para la preservación
y protección del medio ambiente, por lo que el proyecto inmobiliario Altos de
Puyai debió ingresar al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental", sin
perjuicio de lo que hubiera podido resolver la autoridad competente.
Abogado estima que se expande
evaluación
El abogado ambientalista
Cristóbal Osorio señala que el fallo "expande la evaluación ambiental de
proyectos inmobiliarios, no limitándola exclusivamente a los casos enumerados
en la Ley N° 19.300, invitando a una lectura finalista de protección del medio
ambiente".
Destaca además "que la
incertidumbre regulatoria inmobiliaria, que se ha tomado la agenda en los
últimos días, suma un nuevo ingrediente. La Corte Suprema comprende que las
autoridades de evaluación, fiscalización y sanción han ejercido su competencia
de forma acotada, y los invita a adoptar medidas efectivas de protección del
medio ambiente".
Tsunami
Los vecinos denuncian además
la destrucción de la vía de evacuaciónante riesgo de tsunami.
''(El fallo) expande la
evaluación ambiental de proyectos inmobiliarios, no limitándola exclusivamente
a los casos enumerados en la Ley N° 19.300, invitando a una lectura finalista
de protección del medio ambiente". Cristóbal Osorio abogado ambientalista
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Interesante. El daño ambiental por polvo en suspensión producido por la pavimentación de Samuel Lillo desde el camino a Mirasol hasta la entrada de Arenamaris al desviar todo el tráfico de maquinaria y camiones pesados por Vicente Perez Rosales y Costanera es muy relevante.
ResponderEliminarNinguna medida de mitigación para los vecinos afectados por una pavimentación hecha con dineros fiscales en beneficio directo de un particular.
La Municipalidad, bien gracias. Ni siquiera regar las calles.
Vergonzoso
Como siempre la voz de la valerosa vecina Isabel Baeza. Aplausos
ResponderEliminarExcelente punto es el que expone la Presidenta de la Junta de Vecinos 4-7 de Algarrobo Norte. El tema es de absoluta actualidad para los vecinos de Algarrobo y, muy especialmente, para los de Algarrobo Norte que han visto como un proyecto inmobiliario como Arena Maris ha desarrollado el primero de varios edificios gozando de absoluta impunidad ante la mirada cómplice de un municipio cada vez menos representativo. Y en eso cabe también gran parte de los concejales, cuyo aporte y capacidades no han podido ser observados hasta ahora. Arena Maris es un edificio instalado a orilla de mar, incumpliendo, según los propios planos facilitados por la Capitanía de Puerto, sobre la línea de alta marea. Además, su camino de acceso ocupa un área verde reconocida legalmente por las autoridades competentes. Si eso fuera poco, el camino de acceso será asfaltado beneficiando directamente a la inmobiliaria, dejando sin solución al resto de las calles y a la costanera, en un estado lamentable de máximo abandono. Esta noticia, da esperanzas por cuanto de querer seguir construyendo, será posible solicitar un Estudio de Impacto ambiental y, por tanto, un proceso de participación ciudadana normada, lo que implica una voz directa de los vecinos, sin tener que depender de una autoridad comunal que ha demostrado absoluta incapacidad de responder a las inquietudes y necesidades de sus representados.
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