Geógrafa e investigadora CIGIDEN y académica UC
La Tercera
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| Humedal Tunquén |
La costa chilena, entendida como un espacio geográfico de transición entre procesos marinos y terrestres, por definición una zona altamente dinámica, hoy en día se encuentra en una condición de alta fragilidad debido principalmente a las formas de ocupación y actividades económicas de alto impacto. Esta zona que concentra la mayor cantidad de población en el país en torno a áreas metropolitanas, es la que está recibiendo los drásticos efectos del cambio climático y donde se ha registrado más daño social y económico debido a desastres de origen natural en la última década.
La costa ha albergado históricamente recursos naturales de alto valor económico, por ello ha sido el lugar de asentamiento de grandes civilizaciones, sin embargo, en pleno siglo XXI, aun no contamos con una legislación apropiada que sea capaz de conservar y regular el uso o la ocupación, los cuales afectan especialmente a humedales costeros, playas y campos dunares.
Esta situación de degradación de la zona costera chilena, nos indica que la Política Nacional de Uso de Borde Costero que creada en 1994, requiere de una urgente revisión, para enfrentar los desafíos actuales que conlleva la adaptación al cambio climático y las necesidades de crecimiento urbano.
Recientemente nos enteramos que la responsabilidad de administración del borde costero y concesiones marítimas, ha sido traspasado desde el Ministerio de Defensa al Ministerio de Bienes Nacionales, sin que haya existido discusión del sentido y la viabilidad de esta responsabilidad legal. Hoy está en el parlamento el proyecto de ley propuesto por el Ejecutivo, mediante el cual se establece un nuevo régimen sobre Administración del Borde Costero y Concesiones Marítimas, donde se pretende destrabar “las decisiones de inversión asociadas al uso del Borde Costero”.
Para la comunidad científica esto constituye un claro riesgo, pues se puede liberar actividades económicas no compatibles con la funcionalidad de este espacio frágil, el cual ya está afectado por reducción de la superficie de humedales costeros, campos dunares y el evidente retroceso de las playas debido a intensas marejadas.
De acuerdo a nuestros estudios en el Centro de Investigación para la Gestión del Riesgo de Desastres Cigiden y otras universidades, desde 2015 a la fecha se aceleró el proceso erosivo en las playas del litoral de Chile Central, fenómeno que se observa desde la Región de Coquimbo a la Región de Biobío.
¿La razón? El impacto de las marejadas, que son cada vez más frecuentes y más intensas, a las que se suman actividades poco sustentables, tales como la extracción de áridos en playas y cursos fluviales, la construcción de viviendas y servicios turísticos dentro de la playa y campos dunares (San Alfonso del Mar, Hotel Punta Piqueros), rellenos de humedales, instalación de industrias y polos petroquímicos.
En palabras muy sencillas, existen sectores en playas en el litoral central que podrían eventualmente desaparecer. Solo debemos recordar como las marejadas de agosto de 2015 causaron millones de pesos en pérdidas en infraestructura costera y cómo el reciente evento extremo de agosto de 2018, se “llevó” la playa Grande de Cartagena, en la región de Valparaíso. Lo que hemos observado es que el ciclo de recuperación estacional de las playas está alterado. La estabilidad climática de cada verano permitía los procesos naturales de recuperación de la arena, sin embargo, las marejadas que hemos tenido prácticamente todo el año, impiden que las playas se recuperen.
Perder nuestra “playa” tendrá impactos a nivel turístico, pero también habrá numerosos impactos en los ecosistemas que ahí habitan y que la gente desconoce. El estrés causado por las marejadas y otros fenómenos asociados a la variabilidad climática, repercuten en los procesos adaptativos de los organismos que habitan la costa, estos impactos los estamos recién conociendo porque en Chile hemos prestado poca atención al estudio de la costa.
La erosión costera nos hace también más vulnerables a la acción de eventos extremos como los tsunamis. Estos tendrán mayor capacidad de destrucción, aumentando el daño en infraestructura y en víctimas fatales, considerando el intenso crecimiento urbano en torno a ejes costeros.
Por lo tanto, Chile y sus playas, necesitan con urgencia una ley que asegure su conservación, una verdadera “Ley de Costas”, que abarque el concepto real y geográfico de la costa y no solo su borde o playa (200 metros desde la línea de más alta marea), dejando vulnerables humedales costeros y campos dunares, responsables de la recuperación de las playas, la diversidad biológica y su valorada calidad paisajística.
Se requiere por lo tanto, de una Ley que resuelva de manera integrada todos los problemas de protección individual que necesitamos para humedales costeros y campos dunares, así como contar con instrumentos de planificación territorial a nivel local vinculantes que apunten a una gestión integrada de las áreas litorales, con municipios costeros empoderados, para una gobernanza efectiva que promueva la sustentabilidad de la zona costera.
Llegar a una normativa que sea capaz de regular y frenar las innumerables disfuncionalidades de las que estamos siendo testigos, es responsabilidad de todos. La sociedad organizada en torno a un objetivo común, ha demostrado su poder de gestión con la Ley de Humedales Urbanos, ¿podrá la zona costera ser protegida en un esfuerzo colectivo?
Lo que se necesita introducir es el término Zona Costera, la cual incluye desde los ambientes terrestres que tienen influencia en el mar hasta el borde de la plataforma continental. A lo mejor esto ocurre en cien años más, cuando ya no quede nada.
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