Sólo en 2018, la Contraloría realizó 342 investigaciones especiales a estas entidades y detectó irregularidades contables por más de $53 mil millones. Proceso fue impulsado por el ente fiscalizador, el Servicio Civil y el PNUD. Se proyecta seguir con otras instituciones públicas.
Fuente: La Tercera / Karen González T.
Luego de un año de trabajo, 14 municipalidades de distintas regiones del país –Arica, Caldera, Chaitén, Chillán Viejo, Codegua, Coquimbo, Curarrehue, Lago Ranco, Pozo Almonte, Puerto Natales, Rinconada, Río Claro, Río Ibáñez y Taltal-, elaboraron los primeros códigos de ética que estas instituciones públicas dan a conocer, en los que establecen distintos lineamientos que autoridades y funcionarios de estos gobiernos locales se comprometen a cumplir en materia de probidad.
Esto se da en un contexto de varios años de cuestionamientos y una serie de irregularidades detectadas en distintas municipalidades a nivel país. De hecho, según informan desde la Contraloría General de la República, durante 2018 esta entidad realizó 342 auditorías e investigaciones especialesen diversas alcaldías. En ellas realizó cerca de 700 observaciones y de ellas, un 68% fueron calificadas como complejas o altamente complejas.
En términos financieros, en tanto, durante el año pasado el ente fiscalizador detectó irregularidades contables en los gobiernos comunales, objetando más de $53 mil millones.
Como forma de prevenir este tipo de situaciones, un trabajo conjunto entre los municipios y la Contraloría, el Servicio Civil y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), como partes de la Alianza Anticorrupción de la ONU (UNCAC), desembocó en la creación de los primeros lineamientos éticos que surgen desde estas instituciones públicas.
Canales de consulta y valores compartidos
Si bien cada municipio elaboró su propio documento, las principales materias que contienen se refieren a relaciones de respeto, la no discriminación y el rechazo al acoso sexual y/o laboral. Respecto de los bienes públicos, los códigos establecen no emplearlos en provecho propio; evitar los conflictos e interés; no recibir regalos o pagos indebidos; y rechazar el tráfico de influencias, el soborno, el cohecho y el fraude al fisco.
Asimismo, establece la creación de canales de consulta y de denuncias de forma confidencial. Y también, algunos hacen mención a un “compromiso con el medio ambiente”, por el cual los funcionarios se comprometen a promover buenas prácticas como cuidar la energía y el agua, apagar aparatos electrónicos, imprimir lo estrictamente necesario y utilizar contenedores de reciclaje, entre otros.
Marcela Ríos, representante residente asistente del PNUD en Chile, explica que “la metodología promovida para este trabajo, posee un enfoque distinto, y apela al compromiso con valores compartidos y al fomento de una cultura de la integridad por sobre una visión sancionatoria o punitiva”.
La ejecutiva agrega que “la experiencia acumulada muestra que los códigos deben redactarse de forma colaborativa, para que los funcionarios y funcionarias lo sientan como propio y no como reglas impuestas por las autoridades. El carácter participativo es esencial para conocer desde su perspectiva las áreas de riesgo y formas de prevención, así como para la renovación de los valores de la entidad”.
Desde el ente fiscalizador, en tanto, señalaron que “la Contraloría, como integrante de la Alianza Anticorrupción, ha tenido un rol activo en promover e impulsar la elaboración de códigos de ética en diversos municipios del país. Uno de los aspectos más destacables es que esta iniciativa tiene como principal insumo la opinión de los funcionarios municipales”.
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