EL ALCALDE DE EL TABO, EMILIO JORQUERA, Y LA JUSTICIA]

Por Pablo Salinas

Hace pocos días se conoció la sentencia por parte del Tribunal Electoral Regional (TER) respecto a la petición de remoción contra el alcalde Jorquera de El Tabo. La sentencia en la web del TER figura como fechada el miércoles 4 pasado, pero hasta hoy no está disponible para su revisión pública a la espera que las partes sean "notificadas". Pero ya se sabe, ya trascendió, ambas partes conocen el fallo hace por lo menos tres o cuatro días. Jorquera fue suspendido tres meses de sus funciones, sin goce de sueldo. Una decisión, en rigor, no favorable para el alcalde (la completa absolución lo habría sido), pero, claro está, tampoco se trata de una sentencia proporcional al dolo detectado. 

Quizá muchos no capten del todo de qué estamos hablando cuando hablamos del "caso Jorquera", de la magnitud del "caso Jorquera", la gravedad del "caso Jorquera". Extrapolemos: en una comuna x de Santiago, un empresario, un particular, decide darle uso a extensos terrenos de su propiedad construyendo edificios, torres de 15 pisos. El problema es que lo hace en forma ilegal: las normas de la comuna, su ordenamiento territorial no permite en todo el sector construir más que casas de no más de dos pisos. Y por lo demás, en toda la región existe una norma especial que obliga a presentar estudios especiales para toda edificación de sobrepase los 8 pisos. O sea, este señor, un buen día decidió construir uno, dos, diez altas torres en un lugar donde nadie puede ni ha construido más que simples casas residenciales, y además ha levantado unas tan altas que requerirían en cualquier parte de toda la región autorización especial. Pero no tiene nada, ni una ni la otra, ningún permiso, ningún papel, que a cualquier vecino, a personas como usted o yo el municipio y otros organismos nos exigirían. Pero este señor sigue construyendo.

¿Y quién se encarga de hacer la compra-venta de todos esos departamentos de todas esas torres ilegales? El alcalde de la comuna. Comprobada, documentadamente. De hecho, ese alcalde, descarado, no tiene empacho en declarar a quien sea, a los medios, que él efectivamente se dedica a eso, desde hace muchos años incluso, pero que ni por nada dejará de hacerlo porque se dedica a hacer algo perfectamente legal. "Yo no soy el dueño de esos departamentos; yo solo me dedico al corretaje de esas propiedades".

Ese es, grosso modo, el caso Jorquera (y quedo corto, porque además habría que decir que para construir esos edificios completamente ilegales se dañó bosque nativo, se removieron restos arqueológicos, se alteró cauce natural de aguas). Pero en vez de edificios y departamentos, reemplacemos por arena, por cientos de miles de metros cúbicos de arena que reportan ganancias millonarias, pero en dólares. Entonces que ahora salga un tribunal de esta república y diga que ese alcalde debe ser solo suspendido un par de meses resulta un chiste, un chiste malo, una burla. Ese alcalde no puede sino ser removido, sacado de circulación y encarcelado por corrupto.

Mientras no alcancemos eso en El Tabo, las instituciones encargadas de impartir justicia estarán todavía profundamente en deuda, al debe, y no quedará más que perseverar hasta alcanzar que se aplique de verdad la ley.