
El Seminario Pontificio -organismo bajo la tutela del Arzobispado de Santiago-, dueño de extensos terrenos en Punta de Tralca, ordena todos los años la intervención con maquinaria pesada de varias hectáreas del sector para darles uso como estacionamiento. Con esto, arrasa con vegetación nativa y destruye el hábitat de especies amenazadas, como el cururo, el picaflor gigante y el pequén. Toda la zona, además, presenta vestigios arqueológicos.
Desde 2018, la Junta de Vecinos de Punta de Tralca ha denunciado públicamente este sistemático daño, ha organizado jornadas informativas, e incluso ha intentado establecer un diálogo con representantes de la Iglesia.
Esta "querella posesoria de amparo" no puede ser vista sino como una clara forma de amedrentamiento contra la comunidad organizada de Punta de Tralca, en su búsqueda por defender y conservar un importante punto del patrimonio natural de nuestra provincia.
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