LA ACCIÓN SOCIAL Y LA CORRUPCIÓN. Opnión

Por Raúl Acevedo M.

La corrupción de los órganos del gobierno local es una cuestión de absoluta incumbencia de las organizaciones sociales locales. Algunos vecinos argumentan en contra de esta idea recurriendo a la ley de organizaciones sociales señalando su prohibición de participar en actividades políticas. Sin embargo los recursos desviados desde los servicios públicos se restan de las actividades en favor de la comunidad. Algarrobo tiene una historia en las actuaciones turbias de sus ediles y es un derecho y un deber estar vigilantes y diligentes en la lucha contra la corrupción. Si las organizaciones comunitarias no se ocupan de tan trascendente asunto ¿quién lo hará entonces?

La ley establece la prohibición de acciones proselitistas pero no especifica cuál es el alcance del concepto que refiere, pues en estricto rigor significa actuar para una parcialidad. Si se trata de defender a los probos de los corruptos se toma partido infringiendo la ley. En este caso la norma es mala, dejando a las organizaciones sociales con una limitación sustantiva, pues no poseen poder de decisión sobre nada más que en parte de sí mismas. Ni la UNCO ni el COSOC tiene capacidad de decidir y las instancias políticas de decisión son muy vulnerables a los dineros de empresas con intereses en su ámbito de acción. Será que el legislador no desea competencia de dirigentes sociales conocedores del territorio que puedan arribar a la política, o será que mientras menos actores en el quehacer social más fácil es manipular a la gente para sus propios intereses.

Una actividad social participativa, con mecanismos efectivos de control de todo tipo de autoridad pública, puede ser menos eficiente individualmente pero para el conjunto de la sociedad es mejor porque limita las acciones corruptas y el mal uso de los recursos públicos, incluso puede hacer mejoras en las acciones y/o políticas públicas.

Algarrobo tiene por muchos años proyectos al límite de la legalidad o al otro lado. La planta de Esval de tratamiento de aguas servidas, la cofradía y la conexión del islote, San Alfonso, Arenamaris y ahora la quebrada San José al llegar al mar donde está la playa Mirasol está siendo destruida con maquinaria pesada. Bien es sabido que todos los municipios deben financiarse y los permisos de edificación son una fuente importante de ingresos, pero ¿es lícito aprobar proyectos que degradan el espacio público y el medio ambiente? ¿Quién sabía de antemano las consecuencias de estos proyectos? ¿Por qué se autorizan grandes proyectos justo ahora que se comienza a trabajar un nuevo plan regulador y los ciudadanos han manifestado su voluntad de restringir tales obras? 

Las juntas de vecinos de la unidad vecinal 4 ¿harán algo para defender su entorno? La Unión Comunal de Juntas de Vecinos ¿secundará esas acciones? El Comité Ambiental Comunal ¿Jugará también un rol?

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