Representantes y expertos de diversas comunas de Chile se reunieron para abordar el tema de la contaminación por aguas servidas en el mar, lagos y ríos, realidad en común que está afectando la salud de las personas y los ecosistemas. El problema: la falta de un diseño estructural y de una normativa que regule eficientemente el manejo de residuos fecales.
16 de noviembre 2020, Chile
La contaminación marina, de ríos y lagos, producto de la descarga de aguas servidas, es una realidad que aqueja a varias localidades del norte, centro y sur del país desde hace ya varias décadas. La problemática se ha acrecentado en los últimos años debido al aumento de la población, el cambio climático y, sobre todo, al manejo deficiente de las aguas residuales.
Frente a esto, expertos y representantes de movimientos ciudadanos por el cuidado del agua de Arica, Iquique, Antofagasta, Coquimbo, Algarrobo y Osorno se reunieron para compartir información sobre lo que ocurre en sus comunas y trabajar de manera conjunta y coordinada. El objetivo: buscar soluciones efectivas a través de salidas administrativas, tecnológicas, científicas, políticas y judiciales.
“Existe un patrón que se repite. Tubos de emisarios que fallan por diseño, emplazamiento o escasa mantención o, en el caso de Osorno, una regulación que permite botar aguas servidas sin tratamiento a los ríos cuando llueve mucho, lo que da cuenta de un problema grave de salud pública (…) Este es un problema estructural, de falta de Estado. En Chile no contamos con la institucionalidad necesaria para garantizar el derecho básico a vivir en un ambiente libre de contaminación”, sostiene Fabián Paiva, abogado asesor del movimiento ciudadano por el agua de Arica.
En la reunión todos los representantes coincidieron en que la normativa actual es obsoleta y permite las irregularidades del sistema, que otorga concesiones a empresas sanitarias que se auto fiscalizan y que cobran a los usuarios un valor por una promesa incumplida. En el caso del uso de emisarios submarinos, definido como un conducto que sirve para evacuar las aguas residuales en el mar, éstas no reciben un tratamiento real, sino un pretratamiento al que se le exigen requerimientos mínimos, especialmente comparados con los de una planta de tratamiento como tal.
“Nos hacen pagar por un servicio que no brindan. La sanitaria lo que ofrece es un pretratamiento, no un tratamiento como tal. Pero el tema es aún más grave. En la provincia de San Antonio la Directemar (Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante) emitió un oficio -n° 12000/05/1292, del 8 octubre 2018- que señala que el tubo de Algarrobo no es el adecuado para las características de la bahía, que es muy corto y que la corriente no genera el efecto de dispersión necesario. Es decir, los contaminantes, al no dispersarse como se debería, están generando un grave daño ambiental en nuestra costa, afectando la salud de las personas y el ecosistema”, señala Pablo Salinas, representante de Algarrobo.
Una problemática común
En la actualidad existen 32 emisarios submarinos, de los cuales al menos 6 están presentando problemas similares. “En Antofagasta no nos van a quedar alternativas si se generan problemas sanitarios, pues con el proyecto de ampliación de la planta desalinizadora, el 100% del agua potable se generará a través de ésta. El problema es que el emisario está al norte del sitio de captación de la planta y por acción de las corrientes existe el riesgo de que los contaminantes pudieran llegar hasta este”, comenta Francisco González, representante de la zona.
En el caso de Arica e Iquique han sido varias las fisuras del emisario las que han generado continuos trastornos, principalmente derivados de la presencia de altas concentraciones de coliformes fecales, muy sobre la norma, lo que, como hicieron ver los representantes, está dañando la biodiversidad y el trabajo de quienes extraen productos marinos.
En Coquimbo sucede algo similar a las otras comunas del norte. “Ha aumentado mucho la cantidad de aguas servidas por el aumento exponencial de la población. El sistema no da abasto, todo pasa al emisario y llega al mar, no hay mayor filtro (…) La ley lamentablemente ampara a las sanitarias, por ello creemos que hay que apuntar a un cambio en la legislación”, opina Tirso González, representante de Coquimbo.
En Osorno, si bien la descarga no es en el mar, sino en los ríos, el principal problema es igualmente la actual legislación que permite, por ejemplo, que las plantas puedan botar aguas servidas sin mayor tratamiento cuando llueve mucho e, incluso, hasta 72 horas después de finalizadas las precipitaciones. Y así, problemas similares que se repiten en las distintas localidades.
Para ahondar en este importante problema socio-ecológico, quienes participan en esta iniciativa ciudadana indican que la idea es sumar casos de otras regiones y gente que quiera colaborar para visibilizar lo que está pasando, instalando la temática dentro de la discusión de la nueva constitución.
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