EL ACCESO AL AGUA: ¿DERECHO O PRIVILEGIO?. Columna de Opinión

Por Jessica García Phillips

Candidata a diputada Distrito 7

Cambio climático, calentamiento global o el acceso al agua son temáticas cada vez más abordadas en foros internacionales donde acuden los grandes líderes del orbe.

Y es que el agua es un recurso que necesitamos para la vida y lo estamos agotando a pasos agigantados, siendo la crisis climática la principal causa, producida por nosotros mismos.

Muchas veces se cree que algo no pasa hasta que pasa, y podemos pensar que el agua no se va a acabar, pero es un hecho que está pasando en diversas latitudes del mundo, donde se destacan ciudades grandes como El Cairo, en Egipto, o Ciudad del Cabo, en Sudáfrica, donde esta última tuvo una crisis hídrica terrible entre 2016 y 2018, momento en que el consumo de agua por persona no estaba permitido más que 25 litros al día.

Quizás esos son los casos más emblemáticos y conocidos, pero no necesitamos irnos tan lejos para conocer datos alarmantes. Por ejemplo, en nuestra región hay habitantes que reciben menos de 50 litros diarios por persona, algo que se hace urgente de solucionar, ya que esta cantidad es insuficiente para contar con medidas de higiene mínimas como para enfrentar la actual crisis sanitaria, por ejemplo.

Esto, principalmente se da porque imposibilita la sanitización de los hogares, desinfectar los espacios comunes o algo tan básico como el lavado frecuente de manos.

Cabe destacar que la Asamblea General de las Naciones Unidas del 28 julio de 2010, señaló que el acceso a las aguas es un Derecho Humano esencial, y por nuestra parte decir que 50 litros es insuficiente no es un capricho, sino que me respaldo en el Consejo del Instituto Nacional de Derechos Humanos, cuando establece el decreto supremo Nº 41 de 2016 en que se fijan 100 litros diarios por persona como mínimo en el país, cifra que es apoyada por la Organización Mundial de la Salud.

Hoy somos testigos en nuestra región de la desertificación del paisaje y de la disminución del flujo de agua, y este recurso cada vez es más escaso sobre todo en zonas rurales, vulnerando un Derecho Humano, principalmente de trabajadores, campesinos y habitantes de la zona.

La Corte Suprema, en octubre de 2020 sentenció que “toda persona, por su dignidad de tal, tiene el derecho humano de acceso al agua potable, en condiciones de igualdad y no discriminación; derecho que posee, como correlato, el deber del Estado de garantizar el acceso en las mencionadas condiciones”.

Este problema, si bien es global, es necesario actuar local. Nuestra Política Ambiental necesita planes centrados en el rol de la región en la Crisis Climática y en el desarrollo sustentable de nuestras comunidades, considerando la participación de las organizaciones sociales y vecinos y vecinas en su elaboración, implementación y control.

Mi propuesta para esta temática es la incorporación en la política pública medioambiental de la región, el fortalecimiento del concepto del Buen Vivir, entendiendo desde una visión integral entre el medioambiente, las personas, y una vida sana que se desarrolla en un ambiente de respeto y ética.

Y esto es urgente, ya que el Estado no ha dado real relevancia a los temas medioambientales, lo que deriva en una presión inmobiliaria sobre el borde costero, contaminación atmosférica y acústica, escasa educación ambiental, entre otras. Nuestra Política Medioambiental debe ser responsable y construida desde las bases, con el fin de desarrollar una sociedad sustentable, que respete los derechos de la naturaleza, los animales y de las personas.