Este proyecto de ley exacerba la privatización del litoral y atenta gravemente contra los principios ecosistémico y precautorios consagrados en la Ley Marco de Cambio Climático, y el enfoque de prevención de desastres naturales, poniendo en riesgo la integridad de la vida humana. Junto con ello, desnaturaliza el carácter de bienes comunes de dichos espacios, destinados por su propia naturaleza al uso común, libre y gratuito por parte de todas las personas.
Necesitamos en Chile una Ley de Costas que proteja efectivamente la zona costera y no un régimen de concesiones basado en el extractivismo desmedido, que ocasiona la pobreza humana como resultado del no reconocimiento de la naturaleza, sus bienes comunes y modos de vida de las comunidades que la habitan.
La costa de nuestro país no está protegida como territorio singular, sólo se reconoce un borde y este es objeto de uso indiscriminado. Como consecuencia, nuestras playas, humedales y campos dunares están siendo depredados sin que el Estado se haga parte. Es urgente poder contar con un ordenamiento territorial específico para la zona costera de Chile, que resguarde sus ecosistemas y su identidad territorial, donde se reconozca también su carácter público con acceso libre a sus playas, que son bienes de todos los ciudadanos del país.
Este proyecto de ley representa un severo retroceso en materia de protección costera y se opone a una visión sistémica, ecológica, integrada y descentralizada.
Tampoco resguarda la protección de la vida humana ante desastres o incluye un enfoque de adaptación al cambio climático. Por el contrario, destraba procedimientos administrativos que favorecen un régimen de concesiones marítimas que se sabe ha sido un fracaso en Chile y ha tenido sumida a la costa del país en el más absoluto abandono, provocando degradación de sus ecosistemas y afectando el uso ancestral de los pueblos originarios.
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