LAS MIL CARAS DE LA CORRUPCIÓN MUNICIPAL

Fuente: El Mostrador

Hoy más causas por corrupción que municipios en Chile. Rodolfo Carter, Daniel Jadue, Virginia Reginato, Cathy Barriga, Daniela Peñaloza, Raúl Torrealba, Rodrigo Delgado, Felipe Guevara, Miguel Ángel Aguilera, Germán Codina y Joaquín Lavín, son solo algunas de las administraciones investigadas.

El Ministerio Público cerró el año 2023 con 642 causas abiertas en todas las regiones del país, relacionadas con delitos de malversación de caudales públicos y fraude al fisco cometidos por alcaldes y funcionarios municipales. El número de causas abiertas supera la cantidad de municipios en el país. De hecho, podríamos llenar la portada del álbum Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band, de The Beatles, con los rostros de alcaldes y alcaldesas que han protagonizado este tipo de casos.

Y si bien la canción Fixing a Hole no trata sobre fajos de billetes ocultos en agujeros en las paredes, With a Little Help from My Friends no se refiere precisamente al delito de asociación ilícita, y tampoco se mencionan fondos fiscales en Being for the Benefit of Mr. Kite!, lo cierto es que, según Juan José Lyon, director ejecutivo de América Transparente, “los alcaldes son verdaderos reyes que tienen una bolsa de dinero enorme”. Esto último, a propósito de lo que Lyon considera una grave crisis de probidad que ha afectado principalmente a las municipalidades del país.

Tamara Agnic, presidenta de Chile Transparente, coincide en ello y en reiteradas ocasiones ha recalcado que algo está pasando hace años en el mundo municipal en materia de corrupción. A su juicio, se trata de un fenómeno que está en alza, al cual no se le ha prestado la suficiente atención.

De hecho, en 2021 el Consejo de Defensa del Estado (CDE) había levantado la alerta de que más de la mitad de los municipios del país estaban siendo investigados en los tribunales del país por algún tipo de acto de corrupción. Ese año, se contabilizaron 1.119 causas distribuidas en 260 de las 345 municipalidades, muchas de ellas por fraude al fisco, cohecho, negociación incompatible, malversación de caudales públicos o tráfico de influencias. En 2010, había 166 causas; en 2015 se habían triplicado; y en 2020 llegaron a 689 procesos. Es decir, tal como dijo Agnic a este medio, “no eran casos aislados”.

Hoy en día, casos como el de la exalcaldesa de Maipú Cathy Barriga; el del exalcalde de Vitacura Raúl Torrealba; el de la actual alcaldesa de Las Condes, Daniela Peñaloza; el del alcalde de Recoleta, Daniel Jadue; o, más recientemente, el del alcalde de Rancagua, Juan Ramón Godoy –solo por mencionar algunos–, vuelven a poner en la mira la transparencia de las jefaturas comunales.

Claramente, los municipios mencionados en el párrafo anterior no son los únicos ni los últimos casos que han llevado a alcaldes y exalcaldes a ser formalizados o incluso a quedar tras las rejas. Por eso, a continuación, detallamos no solo cuáles han sido los casos en los que estos “reyes” han sido cuestionados por la administración de aquella enorme “bolsa de dinero”, sino también de qué delitos se les ha acusado y a qué partidos pertenecen, ya que hay comunas que han estado históricamente ligadas a ciertos conglomerados políticos.

Los montos son altos y la lista es más larga que la discografía de McCartney, Lennon, Harrison y Ringo, aunque las ganancias del cuarteto de Liverpool están valuadas en varios cientos de millones de libras. Pero, para tener una idea, en 2022, la auditoría forense realizada por la alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti, reveló un caos municipal en la administración anterior, liderada por Virginia Reginato. Se calcularon $100 mil millones en pérdidas, situándose en la parte más alta en comparación con el fraude en Carabineros –también conocido como “Pacogate”–, valuado en cerca de $35 mil millones. Le sigue de cerca el caso de Cathy Barriga, exalcaldesa de Maipú, cuyo monto defraudado se calculó en $31 mil millones. Atrás quedan el fraude en el Ejército ($14.300 millones) y el caso SQM ($12 mil millones).

O, por ejemplo, según cálculos del sitio desarrollado por el investigador Bastián Olea Herrera, que recopila información sobre casos de corrupción en Chile, el monto de $4.600.000.000 del caso que involucra al alcalde de La Florida, Rodolfo Carter, equivale aproximadamente a 133 radiopatrullas de Carabineros (Toyota Corolla Cross).

Alcaldes y municipios implicados en casos de corrupción

1. La Florida 2017: Rodolfo Carter (UDI), $4.600.000.000. Contraloría detectó inconsistencias en la administración de los recursos públicos por parte de la Corporación Municipal de Educación, Salud, Cultura y Recreación. El alcalde Carter afirma haber entregado documentación al organismo. Contraloría no ha denunciado al municipio al Ministerio Público, por lo que la investigación y la respuesta del ente fiscalizador aún siguen en proceso.
2. Viña del Mar 2021: Virginia Reginato (UDI), $100.000.000.000. Auditoría forense a los estados financieros del municipio dio cuenta de irregularidades, revelando 63 observaciones correspondientes al pago de horas extras injustificadas, pérdida de más de mil bienes del inventario y el pago excesivo por motivo de arriendos, entre otras anomalías. Actual administración evalúa acciones legales.
3. Maipú 2024: Cathy Barriga (UDI), $31.000.000.000. Formalizada por delitos reiterados de fraude al fisco y falsificación de instrumento público, actualmente cumple arresto domiciliario total y arraigo nacional.
4. San Bernardo 2017: Nora Cuevas (UDI), $9.000.000.000. Proceso judicial en curso. Enfrenta querellas por fraude al fisco y arriesga hasta 15 años de presidio. El 5 de enero de 2024 prestó declaración ante Fiscalía.
5. Las Condes 2024: Daniela Peñaloza (UDI), $8.000.000.000. Fiscalía abrió investigación penal por pagos irregulares de horas extras, tras fiscalización de Contraloría. También se investiga sobreprecio en compra de Cesfam. A raíz de esto último, el Cuarto Juzgado de Garantía autorizó el levantamiento del secreto bancario de la alcaldesa y de otras siete personas involucradas.
6. Lampa 2018: Graciela Ortúzar Novoa (RN), $6.000.000.000. Enfrenta querella por delitos de malversación de fondos públicos y apropiación indebida de cotizaciones previsionales. Arriesga hasta 15 años de presidio.
7. Vitacura 2023: Raúl Torrealba (RN), $4.500.000.000. Formalizado por delitos de fraude al fisco, asociación ilícita y lavado de activos. Estuvo en prisión preventiva desde junio de 2023 y, en febrero de 2024, pagó $100 millones para reparar el mal causado y reconoció la mayoría de los delitos, además de revelar nuevos antecedentes que no estaban en la carpeta investigativa. Hoy cumple arresto domiciliario, con arraigo nacional y la prohibición de acercarse a los querellantes.
8. Estación Central 2020: Rodrigo Delgado (UDI), $4.300.000.000. Contraloría detectó millonaria deuda que incluye pagos irregulares. El organismo realiza un sumario, el cual determinará las responsabilidades del municipio.
9. San Fernando 2024: Luis Berwart (Independiente), $4.000.000.000. Formalizado por los delitos de fraude al fisco y falsificación de instrumento público. Tras dos años y cuatro meses en prisión preventiva, salió de la cárcel de Rancagua luego que la Corte Suprema acogiera el recurso que presentó su defensa para cambiar la medida cautelar por arresto domiciliario total.
10. Rancagua 2022: Juan Ramón Godoy (PS), $2.492.000.000. Formalizado por fraude al fisco, malversación de fondos públicos, cohecho y soborno. Actualmente en prisión preventiva.
11. Rinconada 2023: Juan Galdames (Independiente, cercano a Chile Vamos), $2.000.000.000. Contraloría detectó irregularidades en compra de terrenos, renovación de patentes de alcohol y celebración de tratos directos. Se envió el informe a la Fiscalía y al Consejo de Defensa del Estado.
12. Puerto Natales 2019: Fernando Paredes (UDI), $1.673.754.000. Formalizado por fraude al fisco. Cumple medida cautelar de arresto domiciliario nocturno y arraigo regional. La investigación se encuentra en curso.
13. Río Bueno 2022: Carolina Silva (UDI), $1.100.000.000. Enfrenta querella por fraude de subvenciones estatales. También se investigan los delitos de malversación de caudales públicos, fraude al fisco, cohecho y soborno.
14. Algarrobo 2023: José Luis Yáñez (UDI), $1.000.000.000. Formalizado por malversación de caudales públicos y cohecho. Actualmente en prisión preventiva.
15. Sagrada Familia 2023: Martín Arriagada Urrutia (UDI), $750.000.000. Condenado por fraude al fisco a tres años de presidio –que cumple en libertad–, además de la prohibición de ejercer cargos u oficios públicos por cinco años y al pago de una multa de 813 mil pesos. Defensa estudia apelar a fallo.
16. Lo Barnechea 2018: Felipe Guevara (RN), $680.000.000. Contraloría remitió al Ministerio Público los antecedentes de millonarios contratos con sobreprecio. Se indagan delitos de fraude al fisco y el detalle está en manos del CDE.
17. Melipilla 2020: Iván Campos (RN), $497.000.000. Enfrenta querella por fraude al fisco. Contraloría detectó irregularidades en el proceso de compraventa de terreno. Hechos fueron remitidos al CDE. Arriesga hasta 15 años de presidio.
18. Guaitecas 2021: Cristian Alvarado Oyarzo (Independiente, cercano a Chile Vamos), $351.000.000. Cumple condena de 10 años de presidio por el delito de malversación de fondos públicos. Se entregó a la justicia dos días después de la orden de detención emanada desde el tribunal.
19. Valparaíso 2018: Jorge Castro (UDI), $289.350.646. Enfrenta querella por delitos de fraude al fisco y malversación de caudales públicos, a raíz de contratos, arriendos y pagos por trabajos sin ejecutar en su administración.
20. San Ramón 2017: Miguel Ángel Aguilera (PS), $283.000.000. Cumple la medida cautelar de arresto domiciliario total, investigado por enriquecimiento ilícito reiterado y lavado de activos.
21. Puente Alto 2018: Germán Codina (RN), 203.000.000. Querella apunta a particulares y funcionarios públicos del municipio, por los delitos de soborno y cohecho en licitaciones de luminarias públicas. Se investiga a estrecho colaborador del alcalde, Christian Gore. Codina es querellante en este caso.
22. Mostazal 2022: Sergio Medel (UDI), $200.000.000. Enfrenta querellas por fraude al fisco, tras auditoría que lo acusa de desviar fondos obtenidos por los impuestos recibidos por el casino Monticello.
23. Calama 2024: Daniel Agusto Pérez (RN), $190.000.000. Formalizado por fraude al fisco y negociación incompatible. Contraloría detectó propiedad adquirida con sobreprecio. Audiencia de formalización fue fijada para el próximo 3 de mayo.
24. Santiago 2021: Felipe Alessandri (RN), $188.000.000. Contraloría detectó irregularidades, omisiones de registros de asistencias y pagos en exceso por horas extraordinarias. Se presentó querella contra exfuncionarios del municipio por el delito de fraude y falsificación de instrumento público.
25. Ñuñoa 2024: Andrés Zarhi (RN), $176.000.000. Cumple medida cautelar de arresto domiciliario nocturno, tras ser formalizado por fraude al fisco. Contraloría detectó  irregularidades relacionadas con pagos no justificados y en exceso.
26. Linares 2020: Mario Meza Vásquez (RN), $139.739.316. Fiscalía investiga denuncias por fraude al fisco, malversación de caudales públicos y falsificación de instrumentos público. Contraloría detectó sobreprecio en adquisición de productos durante pandemia.
27. Tierra Amarilla 2020: Mario Morales (PS), $102.000.000. Cumple medida cautelar de arresto domiciliario nocturno, tras ser formalizado por los delitos de fraude al fisco, cohecho y soborno. Además, se indaga negociación incompatible y obstrucción a la investigación respecto del exalcalde y otros funcionarios municipales, en caso de coimas a empresas contratistas a cambio de adjudicarles los proyectos.
28. Las Condes 2020: Joaquín Lavín Infante (UDI), $59.595.096. Contraloría detectó boletas improcedentes e irregularidades sobre horas extras. El órgano fiscalizador también expuso inconsistencias en el libro de asistencia y pagos por servicios no realizados.
29. San Fernando 2023: Juan Paulo Molina (DC), $37.550.000. Condenado a cuatro años de presidio, con el beneficio de libertad vigilada intensiva por igual lapso, por el delito reiterado de fraude al fisco. Contraloría detectó inconsistencias en rendiciones de dinero.
30. Providencia 2019: Josefa Errázuriz (PPD), $31.000.000. Contraloría detectó irregularidades en el pago de horas extras. Sin embargo, no recibió condena. La notificación al municipio llegó tarde y no hubo posibilidad de perseguir penalmente a Errázuriz, ya que el delito prescribió meses antes.
31. Antofagasta 2022: Karen Rojo (Independiente, cercana a RN), 24.000.000. Condenada a pena efectiva de cárcel, una multa y la inhabilitación perpetua para ejercer derechos políticos, por el delito de fraude al fisco. Usó platas públicas para pagar servicios de una agencia de comunicaciones para fines personales. Escapó del país rumbo a Países Bajos, donde fue capturada y tuvo que enfrentar a la justicia europea. Hoy, evalúa regresar a Chile, con la intención de negociar una salida alternativa a su condena.
32. Recoleta 2013: Sol Letelier (UDI), $22.917.478. Contraloría formuló reparos a rendición de cuentas cuando dejó el municipio. Se detectaron gastos no ajustados a la ley en período de campaña, al financiar propaganda política bajo el ítem de Gastos de Representación del municipio para las pasadas elecciones de 2012.
33. Recoleta 2023: Daniel Jadue (PC), $20.000.000. Será formalizado por los delitos de administración desleal, cohecho, fraude al fisco, delito concursal y estafa en la administración de las farmacias populares. Audiencia se llevará a cabo el próximo 29 de mayo.
34. Ñuñoa 2015: Pedro Sabat (RN), $15.700.000. Condenado a 61 días de reclusión menor en su grado mínimo, además de la suspensión de cargos públicos por 2 años y 1 día y una multa de 675 mil pesos. Formalizado por delitos de negociación incompatible en una causa relacionada con contratos del municipio que favorecieron a uno de sus hijos.
35. Buin 2024: Miguel Araya (UDI), $10.333.332. Enfrentó querella por fraude al fisco a partir de una denuncia anónima sobre “funcionarios fantasmas” en el municipio. Tras recurrir ante el Tribunal Constitucional y la Corte de Apelaciones de San Miguel, su audiencia de formalización quedó sin efecto.

Se indica el partido político al que pertenecían en el momento de los hechos.

Transparencia no es “bala de plata”

Las municipalidades son tierra fértil para la corrupción. En esto coinciden al menos tres organismos que velan por el cumplimiento de la transparencia en las instituciones del Estado. El Consejo para la Transparencia (CPLT), la fundación América Transparente y la ONG Chile Transparente lo tienen claro, pero también coinciden en que no es necesariamente la transparencia la única luz que disipa la sombra de la corrupción. Se necesitan “contrapesos” y mayores atribuciones a Contraloría, sostiene Juan José Lyon, para quien, de todas formas, no hay “bala de plata” contra este tipo de casos.

El presidente del Consejo para la Transparencia, Bernardo Navarrete, señaló la semana pasada que una disminución en transparencia es un factor que posibilita un aumento de la corrupción, pero que la transparencia por sí sola no reduce necesariamente la corrupción. Luego de revisar la evidencia internacional y nacional respecto de los índices de percepción de corrupción en Chile, y hacer notar que existe una fuerte brecha entre la positiva percepción internacional y la negativa percepción nacional, se enfocó en la percepción de la ciudadanía sobre las municipalidades y su labor. Al respecto, evidenció que, según el catastro del CPLT construido a partir de información entregada por el Servicio Civil, se identificó que solo 65 municipios cuentan con códigos de ética, es decir, solo el 19% del total de municipalidades en Chile. “La evidencia nos muestra que hay graves problemas de implementación de los códigos de ética en las municipalidades, los que por sí solos no están dando resultados”, recalcó Navarrete.

Además, reveló que, a partir de información que el CPLT solicitó por oficio a la Contraloría General de la República, se identificaron 252 procesos disciplinarios contra alcaldes iniciados y finalizados durante el período 2014-2023. “Las estrategias de transparencia deben estar articuladas a sistemas integrados de cumplimiento normativo (compliance). La simple entrega de información no asegura mejores sistemas de probidad”, indicó el titular del Consejo que, hasta hace algunos meses, no había podido sesionar por falta de integrantes.