Por Pablo Salinas
Ante las preguntas que me han hecho algunos vecinos al ver por estos días maquinarias trabajando en los terrenos del Ex-Hotel Pacífico, debo aclarar que, en rigor, en materia judicial, todavía está pendiente el pronunciamiento de la Corte Suprema respecto al recurso de casación que interpusimos en agosto pasado, gracias a la generosa asistencia del abogado Alejandro Figueroa. Si los jueces, esta vez, tienen a bien emitir su pronunciamiento atendiendo las materias de fondo -eludidas en forma inexplicable en los anteriores fallos y resoluciones administrativas-, el proyecto Barlovento tendría necesariamente que someterse a la Evaluación de Impacto Ambiental antes de iniciar, propiamente, faenas.
Corresponde que lo reitere ante la comunidad algarrobina: las materias de fondo son, básicamente, la existencia de un cuerpo de agua con características de humedal según la ley chilena, colindante al sitio del proyecto de marras. Hablo del que se forma en la desembocadura de la Quebrada Los Claveles, cuyo cauce natural escurre y termina apozándose en ese sector, área, por lo demás, que está consignada como zona de protección por el instrumento de planificación territorial, a saber, el plan regulador intercomunal Satélite Borde Costero Sur. Otra señal inequívoca, en este sentido, es que el sector fue incluido en 2023 por el mismo municipio en la lista de humedales para postularlos a que sean reconocidos como Humedales Urbanos (junto con Tranque Roto, San Gerónimo y otros). Sin embargo, en forma injustificada, los anteriores fallos han desconocido su existencia.
Los algarrobinos, por lo demás, sabemos que ese punto de la ciudad no es adecuado, ni urbana ni geográficamente, para acoger un desarrollo inmobiliario de tal envergadura (123 departamentos en una torre de 18 pisos más un centro comercial). El grave episiodio de erosión costera, que acapara por estos días titulares en los principales medios de prensa nacionales, a solo metros del terreno del proyecto, no hace sino acentuar dramáticamente esta evidencia.
No apuntamos a impedir un desarrollo inmobiliario en el sector, sino a que, simplemente, éste se adecúe al entorno, no atente contra el crecimiento armónico de la ciudad ni contra la calidad de vida de los miles de algarrobinos y veraneantes. Esperemos que esta vez, finalmente, se imponga la sensatez y la justicia se pronuncie en relación a lo que el marco legal dicta.
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