CONTRALORÍA CONFIRMA ANOMALÍAS EN PERMISOS DE CIRCULACIÓN DE PAIHUANO Y PAPUDO SUMÁNDOSE A ALGARROBO Y OTROS MUNICIPIOS MÁS. $492 MILLONES BAJO LA LUPA DE LA CGR

Agencia Uno Javiera Ostertag Franzoy

Nuevamente la emisión irregular de permisos de circulación se encuentra en el centro de una polémica que tiene en duda el uso y destino de millones de pesos del fisco, en este caso, con los municipios de Paihuano y Papudo como protagonistas. Según dos informes de la Contraloría General de la República, se detectaron, en el primer caso, anomalías en un trato directo con una empresa ya cuestionada por hechos similares en Algarrobo, y en el segundo, la omisión del pago de millonarias sumas por parte de un particular. El contenido de los documentos, que exponen el alcance de estas irregularidades, son revelados por la Unidad de Investigación de Radio Bío Bío.

Algarrobo, Pedro Aguirre Cerda, La Higuera, Hualañé, Calle Larga, Los Muermos, Calera de Tango… y la lista de municipios apuntados por irregularidades en la emisión de permisos de circulación sigue creciendo. Ya sea por no solicitar la documentación necesaria, por la realización de tratos sospechosos con empresas o por la desaparición de parte de los pagos, a lo largo de todo Chile funcionarios municipales han encontrado en el sistema un negocio oscuro con escasa fiscalización.

Es así como recientemente las municipalidades de Paihuano y Papudo se unieron al listado, con la Contraloría publicando en los últimos días dos lapidarios informes que confirman las denuncias sobre irregularidades en los permisos sobre las que habían llamado la atención distintos concejales, y que son al mismo tiempo investigadas por el Ministerio Público.

En el caso de Paihuano, ubicada en la provincia del Elqui,la Contraloría detectó una irregular relación entre el municipio y la empresa Asesorías e Inversiones Don Gaspar Limitada, entre ellas, un millonario trato directo no justificado y pagos a sus trabajadores sin acreditar el servicio prestado, además de otras anomalías en la emisión de permisos.

Por su parte, el municipio del litoral central es apuntado principalmente por el vínculo con Luis Arduiz Arriagada, quien hace años ha gestionado permisos de circulación para automotoras con la Municipalidad, sin acreditarse el ingreso de fondos a las arcas municipales.

En ambos casos, se acreditó una ausencia de mecanismos de control del sistema de emisión de permisos de circulación, reparando la Contraloría en la suma de más de $370 millones en el caso de Paihuano y $122 millones en Papudo, montos por los que los municipios tendrán que responder en las próximas semanas.

Permisos de Paihuano: un dudoso trato directo

Durante el año 2023, se le presentó al concejo la posibilidad de realizar un convenio con la automotora I-CAR para tramitar los permisos de circulación de autos nuevos, lo que fue bien visto y aceptado por los concejales, por el ingreso que el trato le traería al municipio.

Más adelante, se presentó un segundo convenio, con la empresa Asesoría e Inversiones Don Gaspar, que traía un software clave para ejecutar el convenio con I-CAR, el cual también fue aprobado por el concejo, sin los concejales saber que el convenio ya se estaba realizando desde antes mediante trato directo.

Sin estar presente en la segunda votación, los nombres de ambas empresas llamaron la atención del concejal Julio Rodríguez (Ind-ex RN), quien recordó que ambas compañías habían aparecido en una publicación de Ciper donde se revelaron anomalías en la emisión de permisos de circulación en la comuna de Algarrobo, situación que tiene al exalcalde José Luis Yáñez a punto de comenzar un juicio oral por la acusación de malversar más de $1.160 millones de las arcas municipales.

Con la denuncia del concejal, tanto la Fiscalía como la Contraloría abrieron investigaciones para revisar las relaciones del municipio liderado por el recientemente reelecto Hernán Ahumada (RN).

De acuerdo a lo concluído en el informe publicado el pasado 6 de enero por la Contraloría Regional de Coquimbo, se constató que la Municipalidad de Paihuano autorizó la contratación mediante trato directo con Asesorías e Inversiones Don Gaspar Limitada –sociedad conformada en 2021 por Denise Sánchez Durán y Sofía Núñez Bozzo– para la implementación de la plataforma I-CAR para la emisión de permisos, habiéndose aprobado el contrato una vez que la empresa ya que se encontraba prestando servicios para esa entidad edilicia.

Adicionalmente, también se determinó que la misma empresa se adjudicó una licitación por la cual se desembolsó $195.000.000, sin haberse implementado ninguna plataforma de emisión de permisos de circulación según establecía el contrato.

Por otra parte, el ente fiscalizador dejó al descubierto que la municipalidad contrató los servicios profesionales de Denise Sánchez (dueña de la empresa aludida) y Christian Parraguez Duarte (trabajador de la compañía) para la función de digitalización de los permisos de circulación por un total de $22.988.504, sin dar cuenta de que se hayan efectuado las labores contratadas.

El municipio también autorizó el retiro de sellos verdes –etiqueta que se adhiere al parabrisas para certificar que se cumple con estándares de emisiones y que se otorga junto al primer permiso de circulación– a distintos trabajadores de la empresa Don Gaspar, lo que viola la debida custodia que el municipio debiera tener de estos. Consecuentemente, se determinó un faltante de 17.879 unidades de sellos verdes de un total de 24.765 comprados, equivalentes a la pérdida de $26.603.952.

Finalmente, la Contraloría también identificó que el municipio emitió permisos de circulación por multas de tránsito vigentes por un monto de $51.220.990, por lo que se deberá iniciar un proceso para regularizar y recuperar el monto objetado.

Producto de los hallazgos, la Contraloría ordenó instruir un sumario para determinar las responsabilidades administrativas, y derivó los antecedentes al Consejo de Defensa del Estado y la Fiscalía de Vicuña, donde ya hay una causa abierta en la que se investigan los hechos.

Caso de Papudo: deuda millonaria

La situación en la comuna colindante con Zapallar es distinta. Esta vez no se cuestionó el fin del uso de ciertos dineros sino que, teniendo una proveniencia clara, faltan en las arcas fiscales $123.593.007, por la emisión de cientos de permisos a Luis Arduiz Arriagada.

Al notar la situación, fue la misma alcaldesa Claudia Adasme (RN) –hoy reelecta en el cargo– quien acudió a la Fiscalía Local de la Ligua para realizar la denuncia por la deuda que, en el momento, era calculada en alrededor de $51 millones.

Según reveló anteriormente la Unidad de Investigación de Radio Bío Bío, cercanos a la municipalidad detallaron que la Dirección de Administración y Finanzas mantenía hace años una relación de confianza con Arduiz, por la gestión de una alta cantidad de permisos de circulación que generaba un importante ingreso a las arcas municipales. De tal manera, se le habría permitido durante la pandemia, a modo de excepción, postergar los pagos, situación que habría seguido ocurriendo posterior al término de la crisis sanitaria.

Era mediante correo electrónico que Arduiz solicitaba el trámite para vehículos nuevos a la casilla permisoscirculación@municipalidadpapudo.cl, al cual tienen acceso todos los funcionarios encargados de emitir permisos de circulación, adjuntando ahí mismo los documentos necesarios. Luego de esta recepción, se enviaba a Arduiz una hoja de cálculo de Excel detallando las placas de matrícula de los vehículos, el monto a pagar y la fecha de emisión del permiso.

Los permisos impresos eran luego entregados a las cajeras municipales, sin el timbre de caja que acreditara el pago, instrucción que, de acuerdo a las funcionarias que declararon, venía desde la Dirección de Administración y Finanzas de la entidad edilicia. Al respecto, el municipio inició un sumario administrativo. Sumado a ello, de acuerdo a lo revelado por la Contraloría, también se hizo uso de vehículos institucionales para entregar la documentación al domicilio de Arduiz, situación también irregular.

En el informe número 347 publicado el pasado 30 de diciembre, se constató que el municipio emitió 659 permisos de vehículos del año 2022 a Arduiz sin acreditar el ingreso de fondos por $51.702.117. Además, se advirtió que gran parte de la entrega de estos permisos se efectuó sin la documentación del seguro obligatorio. El siguiente año, la suma fue de $12.686.277 más.

Asimismo, en ambos años, se verificó la existencia de 444 permisos renovados presencialmente por $59.204.613, respecto a los cuales tampoco fue posible identificar el medio de pago, el registro en el estado de caja diaria, y por lo tanto, la recaudación.

A su vez, respecto a $34.876.857 pagados por Arduiz por la emisión de permisos, se identificó un desfase de hasta 98 días corridos entre la fecha del timbre de la tesorería municipal y la fecha de depósito en las arcas municipales.

De tal manera, la Contraloría identificó un desorden y falta de control respecto a la emisión de tales documentos. Por ejemplo, la ausencia de más de 1000 formularios del correlativo de permisos, 55 trámites emitidos por un funcionario que no forma parte de la nómina de personal autorizado para aquella tarea, la ausencia de una cuadratura diaria entre lo emitido y recaudado, etc.

A raíz de lo encontrado, la Contraloría instruyó un procedimiento disciplinario en la Municipalidad de Papudo con el objeto de establecer eventuales responsabilidades de los funcionarios involucrados, y remitió los antecedentes al Ministerio Público, a la causa en la que ya se investigan los hechos en la Fiscalía Local de la Ligua.