Fuente Litoralia
Este ex concejal, quien durante su período en el cargo presidió la Comisión de Seguridad Pública sin avances significativos en la materia, se destacó más por su apoyo incondicional a la administración del exalcalde Yáñez que por su rol fiscalizador. A pesar de los cuestionamientos sobre la pérdida de más de mil millones de pesos en las arcas municipales bajo dicha administración, su actuar se caracterizó por aprobar sin reparos cada propuesta presentada en el concejo.
Curiosamente, tras culminar su período como edil, fue contratado como funcionario en el área de seguridad pública, pese a no contar con experiencia o formación en dicha materia. Este nombramiento ha generado suspicacias entre algunos sectores, que lo consideran un premio por su activa participación en la campaña del actual alcalde.
La multa impuesta por la Contraloría no solo refuerza la importancia de la probidad en los cargos públicos, sino que también invita a reflexionar sobre la necesidad de un ejercicio transparente y responsable de las funciones municipales, donde los intereses de la comunidad estén siempre por sobre cualquier interés particular o político.
En tiempos en que la ciudadanía demanda más compromiso y menos omisiones de sus representantes, este caso deja abierta la interrogante: ¿es suficiente sancionar un incumplimiento técnico, o es momento de exigir una revisión más profunda de los méritos y resultados en la gestión pública?
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